Los neobancos llamados «verdes» nacieron de una intuición legítima: el ahorro no debería contribuir a financiar actividades que agravan el desajuste climático y la destrucción de lo vivo. Al prometer más transparencia, la exclusión de ciertos sectores y la financiación de proyectos de transición, hicieron visible una pregunta reservada durante mucho tiempo a los especialistas: ¿qué hace realmente el banco con nuestro dinero?
Esta contribución es útil. No debe confundirse, sin embargo, con una transformación de la arquitectura financiera. Una oferta bancaria puede seleccionar socios, publicar una política de inversión o medir una huella de carbono. Sigue dependiendo, por lo general, de una entidad de crédito, de un proveedor de pagos o de una infraestructura de liquidación que no controla del todo.
La cuestión no es negar el interés de estas iniciativas, sino precisar su alcance. ¿Pueden reorientar ciertos flujos? Sí. ¿Pueden, por sí solas, desvincular la moneda y las finanzas de la economía extractiva? No. Ese límite obliga a interrogar no solo los productos bancarios, sino también el régimen monetario y contable en el que se insertan.
1. Qué es realmente un neobanco verde
El término «neobanco» abarca realidades jurídicas distintas. Algunas empresas son entidades de crédito; otras son entidades de pago o de dinero electrónico; otras ofrecen una interfaz comercial apoyada en un socio bancario o en una infraestructura de Banking-as-a-Service.
Esta distinción es esencial. Una entidad de pago no dispone de los mismos poderes que un banco. No crea dinero bancario mediante la concesión de créditos y debe proteger los fondos recibidos de los usuarios según los mecanismos previstos por el derecho aplicable. La salvaguarda puede adoptar la forma de una cuenta separada en una entidad de crédito, de una inversión en activos seguros y líquidos o de una garantía equivalente.
La salvaguarda es ante todo una protección jurídica frente al riesgo ligado a la quiebra de un proveedor. No significa que el dinero esté colocado en una «reserva ecológica» aislada del resto del sistema monetario. Los fondos pueden conservarse en un socio bancario, mientras que los pagos se liquidan mediante infraestructuras comunes.
Una arquitectura por capas
Para el usuario, la experiencia es unificada: una aplicación permite abrir una cuenta, recibir un salario, pagar con tarjeta y a veces suscribir un producto de ahorro. Jurídicamente, sin embargo, varias funciones pueden repartirse entre entidades diferentes. Una marca diseña la interfaz y la relación comercial; un proveedor suministra las tarjetas y las transferencias; un banco custodia o liquida los fondos; un gestor distinto administra eventualmente las inversiones.
Esta organización reduce los costes de entrada y permite innovar deprisa. También hace la responsabilidad menos legible. Cuando una empresa afirma que «su dinero no financia los combustibles fósiles», hay que preguntar qué entidad tiene los fondos, bajo qué régimen de protección, en qué activos están colocados y cuál es la política del socio encargado de la liquidación.
La buena pregunta no es solo: «¿qué proyecto financia mi depósito?» Es también: «¿qué relaciones de balance, qué garantías y qué infraestructuras hacen posible este servicio?» Esta segunda pregunta no descalifica una oferta bancaria. Simplemente impide confundir una política de selección con una autonomía monetaria.
Conviene además corregir una idea recibida ya obsoleta: las entidades de pago no están absolutamente excluidas de todo acceso a las infraestructuras del banco central. En el Eurosistema, ciertos proveedores no bancarios pueden acceder ahora, bajo condiciones, a sistemas de pago como TARGET. La política de acceso se publicó en julio de 2024, se aplicó mediante una decisión de enero de 2025 y luego se retrasó: la modificación de la orientación TARGET se aplazó en mayo de 2025 por falta de transposición de las directivas correspondientes en algunos Estados miembros, y solo entró en vigor en otoño. La apertura es real, pero permaneció teórica durante más de un año.
Este acceso se refiere a la liquidación de las operaciones y no confiere a esos proveedores ni el estatuto de banco ni un poder autónomo de creación monetaria. Las cuentas de liquidación no deben confundirse con cuentas destinadas a acoger sin límite los fondos salvaguardados de los clientes: el Eurosistema rechazó explícitamente ofrecer cuentas de salvaguarda, y los saldos mantenidos en las cuentas de liquidación están limitados.
La dependencia sigue siendo real, pero debe describirse correctamente: es institucional, técnica y económica, no una imposibilidad jurídica absoluta de acceder a toda infraestructura de banco central.
2. La paradoja de la asignación ética
Un neobanco verde puede decidir no financiar directamente el carbón, el petróleo o determinadas empresas muy emisoras. También puede elegir un socio más transparente o financiar bonos y proyectos que respondan a criterios ambientales. Estas decisiones tienen un alcance concreto para los activos efectivamente seleccionados.
No bastan, sin embargo, para hacer estanco el conjunto del sistema. El dinero bancario circula por una red de balances, cuentas de liquidación y relaciones de crédito, y la presencia de fondos salvaguardados en un banco socio no prueba mecánicamente que cada euro permita un préstamo fósil adicional: los ratios prudenciales, las exigencias de liquidez, la demanda de crédito, los fondos propios y las reglas de supervisión intervienen conjuntamente. Sí muestra, en cambio, que la promesa de una separación completa entre el ahorro del usuario y la arquitectura bancaria convencional es difícil de sostener.
El «verdeo» de un producto es, por tanto, una mejora situada, no una ruptura sistémica. Actúa sobre la selección, la transparencia y a veces la presión ejercida sobre los actores financieros. Por sí solo no transforma las reglas de creación monetaria, de rentabilidad y de responsabilidad ecológica.
Fungibilidad y límites de la trazabilidad
La fungibilidad no significa que todo depósito financie directamente todo proyecto. Significa que el dinero bancario no es un stock de moléculas trazables: una vez hechos los asientos, un euro recibido de un cliente no conserva una identidad material que permita seguir cada uno de sus efectos. Una política de exclusión puede ser seria en el ámbito de la cartera seleccionada y, a la vez, incapaz de garantizar una separación absoluta en el ámbito del sistema.
Hay que evitar dos errores simétricos. El primero consiste en creer que una etiqueta verde vuelve automáticamente sostenible toda la economía financiada. El segundo consiste en concluir que ninguna política bancaria tiene efecto porque el dinero circula en un sistema fungible. Las decisiones de crédito, los mandatos de inversión y la elección de socios tienen efectos, pero esos efectos son parciales y deben medirse con precisión.
Una transición creíble debe publicar, por tanto, no solo la composición de una cartera, sino también las reglas de selección, los intermediarios utilizados, las garantías movilizadas y los límites de lo que puede afirmarse. La transparencia solo vale si indica claramente lo que se controla de verdad.
Esta prudencia importa aún más porque las finanzas no emiten directamente la mayoría de los gases de efecto invernadero. Las emisiones las producen actividades reales —extraer, construir, transportar, calentar, consumir—, mientras que los bancos y los intermediarios las hacen posibles, las aseguran o las asesoran. Su responsabilidad es indirecta, pero no es nula. Recae en particular sobre las actividades que eligen financiar, las condiciones que imponen y los riesgos que aceptan mantener.
La crítica más sólida consiste, pues, en examinar si una promesa comercial hace creer en una separación que la arquitectura contable no permite garantizar.
3. El dilema de lo esencial insolvente
En el sistema contemporáneo, los bancos comerciales crean dinero cuando conceden un crédito: inscriben un derecho de cobro en su activo y un depósito en su pasivo. El crédito no financia, pues, en primer lugar lo que es útil; financia lo que parece capaz de devolver, en un plazo dado y con un riesgo considerado aceptable.
He aquí el dilema. Imaginemos tres actividades, no como medias sectoriales sino como casos ilustrativos. La primera obtiene un 5 % de margen: tras los costes de financiación, la incertidumbre y las garantías, puede parecer demasiado frágil para el prestamista. La segunda obtiene un 15 %: tranquiliza más, porque promete un flujo monetario más amplio y más rápido. La tercera restaura un suelo, protege un acuífero o cuida a personas: sus cargas son inmediatas y sus ingresos privados son nulos, ya que sus beneficios son colectivos, difusos y a veces visibles solo varias décadas después. En la contabilidad privada, aparece como un gasto puro.
Este contraste no significa que un margen del 15 % sea necesariamente destructivo, ni que una actividad al 5 % sea necesariamente virtuosa. Revela un filtro: cuanto más deprisa transforma una actividad recursos, trabajo o datos en ingresos apropiables, más fácil resulta financiarla; cuanto más sostiene las condiciones de la vida sin poder venderlas, más difícil resulta financiarla. Este mecanismo se desarrolla en detalle en «¿Qué es lo esencial insolvente y cómo financiarlo?».
La contaminación como ahorro de costes
K. William Kapp mostró, en The Social Costs of Private Enterprise (1950), que los efectos nocivos de una producción no se reducen a la falta de un actor aislado: dependen de la organización de los derechos, de las responsabilidades y de las reglas contables, que autorizan a la empresa a transferir parte de sus costes a terceros sin registrarlos. En este marco, las empresas no contaminan generalmente «por placer»; contaminan porque, sin cambiar las reglas, desplazar parte de los costes hacia el aire, el agua, los suelos o las generaciones siguientes suele ser la manera menos costosa de producir.
Asumir realmente esos costes ecológicos cambia el cálculo. Equipar una fábrica, descontaminar, ralentizar la extracción, usar materiales reparables o remunerar el tiempo de restauración reduce el margen disponible si el precio de venta no se mueve. Si la empresa repercute esos gastos, el precio final sube. El reparto exacto entre caída de márgenes, subida de precios y reducción de volúmenes depende de la competencia, la demanda, las ayudas públicas y la regulación; pero el principio permanece: lo que era gratuito para el productor deja de serlo.
La sociedad humana no obtiene los comportamientos que espera. Obtiene los comportamientos que sus instituciones recompensan.
Un valor real que no entra en el precio
La descontaminación de un río puede evitar daños futuros, mejorar la salud pública y reforzar la resiliencia agrícola sin generar una facturación proporcional al valor producido. Lo mismo ocurre con la investigación fundamental, los cuidados, la biodiversidad o la restauración de los suelos. Su valor es inmenso; su ingreso privado puede ser nulo.
Son actividades esenciales pero insolventes en el lenguaje del crédito. Fracasan no porque no valgan nada, sino porque sus beneficios no son fácilmente apropiables, ni rápidamente monetizables, ni compatibles con el calendario de una devolución. Meterlas a la fuerza en el mercado —mediante una compensación, una etiqueta o un precio artificial— puede ayudar puntualmente, pero no cambia necesariamente el filtro que las excluye.
El dinero-deuda no es la única causa de la destrucción ecológica. La regulación, la competencia, la fiscalidad, la publicidad y las relaciones de poder también cuentan. Pero refuerza una jerarquía nítida: el rendimiento financiero se contabiliza de inmediato; la regeneración de lo vivo se trata a menudo como una carga que hay que cubrir después.
4. Los límites del ESG y de las finanzas incrementales
Las etiquetas ESG y el reglamento europeo SFDR pueden mejorar la información disponible e imponer obligaciones de transparencia. No suprimen los arbitrajes entre rendimiento, riesgo, liquidez e impacto. Un producto clasificado como «sostenible» puede seguir financiando una actividad cuyos efectos globales siguen siendo discutidos, o tratar solo una parte de su cadena de valor.
La canalización de capitales hacia los sectores sobrios está sometida además a un efecto de volumen. Una mejora de la eficiencia por unidad producida no garantiza una bajada de la huella total si la producción y el consumo aumentan en paralelo. Las finanzas verdes deben evaluarse, por tanto, no solo por la composición de sus carteras, sino también por los volúmenes físicos, los usos y las trayectorias materiales que hacen posibles. Es el efecto analizado en «La paradoja de Jevons: cuando la eficiencia acelera la destrucción».
Por eso una política de transición no puede limitarse a cambiar el color de los activos financieros. Debe actuar sobre las reglas de crédito, las garantías públicas, las normas contables, la fiscalidad, las infraestructuras y la definición misma de las actividades consideradas prioritarias.
5. Lo que deberían ser unas verdaderas finanzas verdes
Si el crédito está adaptado a las actividades que producen un ingreso mercantil, hace falta otro circuito para las que producen un beneficio común sin ingreso privado. Una moneda regenerativa no buscaría hacer lo esencial artificialmente rentable: reconocería directamente una prestación regenerativa verificada.
Su emisión no recompensaría, pues, una promesa vaga. Intervendría tras resultados definidos de antemano: restauración medida de un suelo, descontaminación constatada, protección efectiva de un hábitat, cuidados o investigación que respondan a una misión pública. El dinero creado financiaría la contribución misma, en lugar de una deuda contraída con la esperanza de rentabilizarla más tarde.
Emitir, verificar, regular
Semejante arquitectura exige una separación estricta de poderes. Una instancia democrática fija las prioridades; una pericia independiente define los indicadores y certifica los resultados; una autoridad monetaria fija un techo de emisión compatible con las capacidades reales; una instancia de recurso hace impugnables las decisiones. Ningún órgano debería a la vez elegir los proyectos, certificarlos y crear el dinero.
Una moneda sin deuda no es una moneda sin límite. Toda emisión aumenta el poder adquisitivo. Si supera los recursos, las competencias o las capacidades de producción disponibles, puede alimentar la inflación o desplazar las presiones ecológicas. Hacen falta, pues, calendarios de pago, techos, auditorías y un mecanismo de reflujo. Ese reflujo no descansa en una devolución impuesta al prestador: el dinero emitido se retira de la circulación mediante gravámenes afectados —fiscalidad ecológica, cánones de uso, contribuciones sobre las actividades extractivas— y mediante la anulación de la emisión en caso de fraude o de certificación invalidada. El equilibrio se ajusta sobre el volumen total en circulación, no sobre la solvencia individual de la prestación.
El principio no es suprimir el mercado. Es reconocer dos funciones distintas: el crédito para las actividades mercantiles capaces de devolver; una creación monetaria regulada para los comunes cuyo valor no se convierte en margen. Querer financiar la regeneración con la sola herramienta de la rentabilidad equivale a reparar una porcelana con un martillo.
6. Lo que el usuario puede exigir realmente
Un cliente que desee reducir la huella de sus finanzas debería pedir respuestas documentadas a cinco preguntas: ¿qué entidad tiene mi dinero? ¿Qué mecanismo protege los fondos? ¿Quién decide los créditos o las inversiones? ¿Qué parte del impacto anunciado es directa, indirecta o simplemente estimada? ¿Y qué datos permiten verificar la promesa?
La cuenta corriente sigue siendo principalmente una herramienta de pago. Elegir un actor más transparente puede tener un valor político y contribuir a sostener un modelo económico, pero no sustituye a una decisión sobre el ahorro de largo plazo. Para este último, los criterios pertinentes son el destino de los préstamos, la composición de los fondos, las exclusiones, los métodos de análisis y la capacidad de publicar los resultados —incluidos los límites y los fracasos—.
Esta rejilla permite salir del duelo estéril entre la acusación de greenwashing y la defensa publicitaria. Una empresa puede producir un efecto positivo real y a la vez exagerar el alcance de su cuenta corriente. Un banco puede publicar financiaciones trazables y seguir enfrentándose a los límites de la economía general. El análisis serio consiste en medir por separado cada promesa.
Conclusión — del verdeo de los productos a la transformación de las instituciones
Los neobancos verdes pueden desempeñar un papel útil: dan a los usuarios más información, ponen en competencia las prácticas bancarias y hacen visibles los vínculos entre finanzas y destrucción ecológica. Su acción debe evaluarse, sin embargo, a la medida de lo que controlan realmente.
El núcleo del problema no es ni la intención de una marca ni la buena voluntad de sus dirigentes: es institucional. Mientras la arquitectura financiera valore prioritariamente los flujos monetarios rápidos e infravalore la regeneración de lo vivo, la oferta verde seguirá siendo una corrección local de un sistema cuya lógica general permanece intacta. El debate no versa, pues, solo sobre la ética de una empresa o el color de una cartera. Versa sobre las instituciones que deciden lo que merece ser financiado, sobre los valores reconocidos por la contabilidad y sobre la manera en que el dinero se crea y se destruye.
La moneda regenerativa constituye una vía de ruptura: crear un circuito destinado a las actividades regenerativas, anclarlo en resultados ecológicos verificables y fragmentar su gobernanza. Esta propuesta debe aún discutirse, ensayarse y precisarse. Debunk’Onomy la desarrolla bajo el nombre de NEMO IMS. Abre una pregunta esencial: ¿cómo financiar la reparación del mundo sin obligar a esa reparación a producir primero un rendimiento mercantil?
Referencias verificadas
- Autoridad Bancaria Europea (EBA), Register of payment and electronic money institutions under PSD2.
- Autoridad Bancaria Europea (EBA), Q&A 2024_7165, Compliance of non-bank PSPs with the safeguarding requirements in PSD2.
- Banco Central Europeo, Policy on access by non-bank payment service providers to central bank operated payment systems and to central bank accounts, julio de 2024.
- Decisión (UE) 2025/222 del Banco Central Europeo, de 27 de enero de 2025, sobre el acceso de los proveedores de servicios de pago no bancarios a los sistemas de pago operados por los bancos centrales del Eurosistema.
- Banco Central Europeo, Amendments to TARGET Guideline postponed, MIP News, 15 de mayo de 2025.
- Orientación (UE) 2025/1889 del Banco Central Europeo, de 31 de julio de 2025, por la que se modifica la Orientación (UE) 2022/912 (TARGET).
- Banco Central Europeo, TARGET Services Annual Report 2024, sección dedicada al acceso de los PSP no bancarios.
- Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).
- K. William Kapp, The Social Costs of Private Enterprise, Harvard University Press, 1950.
Trasfondo teórico
- Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, 1971.
- David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, Melville House, 2011.
- Silvio Gesell, Die natürliche Wirtschaftsordnung, 1916 (traducción inglesa: The Natural Economic Order, 1929).
Las afirmaciones comerciales relativas a una reducción cifrada de la huella de carbono no se aceptan sin método público, perímetro definido y fuente independiente. El artículo no señala a ninguna entidad: analiza los límites estructurales del paradigma bancario, monetario y financiero.
Jean-Christophe Duval